La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el tema ambiental continúa ocupando un lugar prioritario en las relaciones internacionales globales las cuales siguen enmarcadas por persistentes contradicciones entre los países industrializados y las naciones en desarrollo, estas últimas propietarias de las mayores y más amenazadas reservas ecológicas del planeta.
Así como en la actualidad se celebran complejos procesos de negociación encaminados a concretar los acuerdos de Río, e tema ambiental penetra espacios críticos del devenir internacional, como la ronda de negociaciones del Acuerdo general sobre tarifas y aranceles comerciales GATT o el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica NAFTA . El impacto de la conferencia se observa, dos años después, en las actuales negociaciones y actividades relativas a los cinco acuerdos suscritos por más de 158 países: la Declaración de Río de Janeiro sobre e medio ambiente y el desarrollo, inicialmente conocida como Carta de la Tierra, que consagra veintisiete principios éticos que deben regir las nuevas relaciones entre ambiente y desarrollo; el Programa 21, conocido como Agenda 21, inventario de cuarenta programas específicos para mejorar la calidad del ambiente global y encauzar a las naciones hacia el desarrollo sustentable; la Convención marco sobre el cambia -climático, acuerdo internacional para detener el calentamiento del planeta; el Convenio sobre la diversidad biológica, denominado también Convención de biodiversidad, y la Declaración de principios para un consenso mundial respecto de la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques de todo tipo.
La influencia de Río es evidente también en las consecuencias que ha tenido, más allá de los acuerdos formales, tanto globales como nacionales, a través de los sectores público y privado: la creación de una mayor conciencia en las clases dirigentes y en la población en general sobre la urgencia de dar solución a los problemas más críticos del medio ambiente y del desarrollo; el fortalecimiento de la participación de las organizaciones no gubernamentales en la gestión ambiental; la concepción y desarrollo, por parte del sector privado, de programas y actividades relacionados con los acuerdos de la cumbre, como lo ilustra la expedición de la Carta mundial del desarrollo sostenible para los negocios, código que debe guiar la conducta de las empresas que lo suscribieron; la adopción de políticas por parte de las organizaciones multilaterales, como lo expresa la prioridad que ha adquirido la consideración ambiental en el otorgamiento de créditos por parte de la banca internacional, pública y privada; y, la reorientación de muchos programas internacionales de cooperación multilateral y bilateral, de conformidad con los acuerdos de Río. La cumbre también ha servido como punto de partida y como acicate para que buena parte de los países vigoricen sus instituciones ambientales, reorienten sus políticas de desarrollo y fortalezcan sus programas ambientales. Es el caso de Colombia y de buena parte de Ios países latinoamericanos, que reformaron sus esquemas institucionales de gestión ambiental.
Los acuerdos globales.
Un año después de la cumbre, el presidente Clinton anunció la firma, por parte de Estados Unidos, del Convenio de diversidad biológica, cambio radical frente a la posición adoptada por el entonces presidente George Bush quien justamente cuando se iniciaba la cumbre, anunció su negativa a hacerlo por considerar que atentaba contra el interés nacional.
Así mismo, Clinton anunció el compromiso de su país de congelar la emisión de los gases que provocan el efecto invernadero para el año 2000, al mismo nivel de 1990.
Justamente una de las obligaciones de los países industrializados que no fue posible incorporar en la convención respectiva, ante la resistencia de Estados Unidos a hacerlo durante los dos años de la negociación.
El desarrollo de estas dos convenciones tiene una importancia crucial para Colombia. Por ello, el gobierno presentó al congreso los proyectos de ley para su ratificación.
El Convenio sobre la diversidad biológica
El Convenio sobre la diversidad biológica tiene como objetivos básicos: conservar los recursos biológicos de la Tierra -animales, vegetales y demás organismos-; asegurar que los países utilicen esos recursos en forma sostenible, y promover la utilización y goce de los beneficios que resulten de ellos, en forma justa y equitativa.
Uno de los antecedentes del convenio fue la conferencia Ecobios, realizada en Colombia bajo los auspicios del Inderena en 1988, uno de los certámenes realizados en los países del sur que, a juicio del experto internacional Kenton Miller, sirvió para despejar el camino hacia el tratado.
Los intereses del norte y del sur, si bien convergen en muchos aspectos, han tenido radicales diferencias. De una parte, los países en desarrollo demandan desde tiempo atrás una mayor participación de los beneficios derivados de los recursos biológicos ubicados en su territorio, de los que se han lucrado en particular los países desarrollados, con base en la capacidad tecnológica que han adquirido para explotarlos. Esta fue una de las motivaciones básicas para que los países en desarrollo, entre ellos Colombia, no compartieran la concepción defendida por muchos países industrializados, según la cual, la biodiversidad, a similitud de otros recursos como el aire o las reservas hídricas de la Antártida, debería ser considerada patrimonio de la humanidad.
De otra parte, el mundo desarrollado se ha vuelto crecientemente aprehensivo ante la acelerada extinción de especies animales y vegetales y la destrucción de ecosistemas, en especial en los países tropicales, donde se concentra más del 50% de la biodiversidad de la Tierra. La preocupación de los desarrollados, que se expresa por ejemplo en sus frecuentes llamados para proteger la Amazonia, se argumenta con frecuencia en las nefastas consecuencias de la pérdida de la biodiversidad para el equilibrio ecológico global y en los efectos de la deforestación sobre el cambio climático.
Los países firmantes reconocen tres principios fundamentales:"los Estados tienen derechos soberanos sobre sus propios recursos biológicos"; "la conservación de la diversidad biológica es interés común de toda la humanidad", y "los Estados son responsables de la conservación de su diversidad biológica y de la utilización sostenible de sus recursos biológicos”.
El primer punto, difundido como los derechos del país de origen, que admite el reconocimiento de la diversidad biológica como patrimonio nacional y no como patrimonio de la humanidad, es vital para Colombia y en general para los países ricos en biodiversidad, dado el potencial que ésta tiene desde el punto de vista económico, como fuente para la seguridad agroalimentaria de la humanidad, y de nuevos productos farmacéuticos, para mencionar sólo dos de los campos más promisorios de la biotecnología moderna.
Las obligaciones consignadas en el convenio significan, por ejemplo, que si una empresa farmacéutica se propone producir una droga a partir de material genético originario de Colombia, la compañía deberá adelantar la investigación en nuestro país, garantizando la participación nacional, y compartir con él las eventuales ganancias derivadas de la venta de la droga. Fue precisamente este tipo de acuerdos el que generó en Estados Unidos una fuerte oposición en contra del convenio, dado que en ese país se concentran las mayores empresas farmacéuticas del globo.
El convenio también establece la necesidad de elaborar protocolos sobre la bioseguridad. En muchos casos, el desarrollo de la biotecnología involucrará la introducción de organismos nuevos o modificados genéticamente. Esto podría originar diversos efectos nocivos, entre ellos, enfermedades en los humanos, las plantas o los animales; disturbios en los ecosistemas como la extinción de especies silvestres, y declive de la diversidad genética.
Una de las medidas claves para la implementación del convenio es la obligación que adquiere cada país de desarrollar estrategias nacionales para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. El gobierno colombiano ya inició la Estrategia nacional de biodiversidad, inicial-mente bajo el auspicio del Inderena y ahora bajo la dirección del Ministerio del Medio Ambiente.
El convenio acusa serias debilidades: es muy fuerte en la defensa de las patentes que protegen a las empresas biotecnologías, y muy débil en la protección de los derechos intelectuales y ecológicos de las comunidades indígenas y locales, depositarías de valiosos conocimientos sobre los usos sustentables de la biodiversidad. Además, no hace claridad sobre la propiedad de las semillas depositadas en los bancos genéticos ubicados en los países del norte, que las han recolectado en los países del sur. En el esclarecimiento de estos dos puntos, trabajan prioritariamente las delegaciones colom-bianas, con las de los países en desarrollo, en las actuales negociaciones sobre los protocolos respectivos.
El convenio fue firmado por 157 estados en Río de Janeiro en junio de 1992, fecha en la cual nadie previó que entraría en vigencia tan rápidamente. En efecto, en septiembre de 1993 concluyó su ratificación por parte de treinta países, condición exigida para que el acuerdo entrara en vigencia. Así, el 29 de diciembre del mismo año el convenio se convirtió en ley internacional.
La Convención marco sobre el cambio climático
Esta convención busca detener el proceso de cambio climático que experimenta el planeta por causas antropogénicas. Reconoce la responsabilidad histórica de las naciones industrializadas en la generación del problema del cambio climático, una de cuyas mayores expresiones es el calentamiento global. También reconoce la necesidad de tomar medidas de precaución, independientemente de la incertidumbre-científica que aún existe sobre el fenómeno.
Así mismo, el acuerdo reconoce la vulnerabilidad del mundo en desarrollo al cambio climático y el enorme reto que significa para la humanidad asegurar el desarrollo económico y social de estos países, sin incrementar su contribución al calentamiento global a niveles inaceptables.
Si bien ello es positivo, la convención se considera débil por no establecer en forma clara los compromisos cuantitativos, ni las fechas para la reducción de las emisiones de gases invernadero. Otra de sus fallas es no incorporar medidas para proteger a los habitantes de las regiones más pobres ante los impactos del cambio climático y de la elevación del nivel del mar, pues se considera que, aún en el caso de tomar medidas drásticas para reducir las emisiones, el calentamiento global seguirá su curso en alguna medida.
Sin duda, la convención sobre el cambio climático presenta numerosas debilidades, pero la principal es de carácter político, como lo advierte J. Holmberg:"La convención es un documento basado fundamentalmente en el interés de los poderosos y salteado con unas pocas concesiones para asegurar el cumplimiento de los demás. No hay evidencia de que los políticos del mundo hayan entendido la verdadera importancia del cambio climático y sus implicaciones para el proceso de desarrollo. Incluso una declaración de principios, sin compromisos firmes, habría sido preferible, si se reconociera la verdadera importancia del cambio climático y se suministrara una agenda clara para la acción".
En contraste, la mayor fortaleza de la convención es la obligación que adquieren todos los países de elaborar y presentar programas nacionales y regionales para afrontar el cambio climático. Los países desarrollados deberán presentar su informe seis meses después de la fecha en la cual la convención entre en vigencia. Los países en desarrollo deberán hacerlo tres años después de recibir la financiación por parte de los países desarrollados, para cubrir los costos increméntales necesarios para elaborar el informe y para iniciar las acciones correspondientes.
El gobierno de Colombia da los primeros pasos para hacer el estudio que deberá cuantificar la emisión nacional de gases invernadero. Este deberá establecer si nuestro país ocupa o no el decimosexto lugar en el planeta como emisor de tales gases, lugar que comúnmente se le asigna sin la debida corroboración científica. De ser verdad, Colombia sería uno de los países en desarrollo que más contribuyen al cambio climático del planeta. El estudio, por otra parte, deberá establecer los programas de control y las proyecciones de emisión.
Un asunto clave, pobremente analizado en el país, es el hecho de que una de las metas centrales de la convención es reducir el consumo de los combustibles fósiles en el mundo, en momentos en que Colombia proyecta la base de su futuro desarrollo en la exportación de carbón y petróleo.
El país debería, entonces, hacer un cuidadoso seguimiento de los procesos de negociación de los protocolos. En particular, en lo relativo a la incorporación de mecanismos concretos de compensación económica a los países en desarrollo exportadores de estos energéticos, tal como se podría desprender del artículo que reconoce las circunstancias especiales de los países, cuya inclusión en el texto de la convención fue en buena parte liderada por la delegación colombiana.
Para el seguimiento de la convención, el Ministerio del Medio Ambiente establecerá una comisión nacional con representación de todos los sectores involucrados. Esta sustituirá y absorberá la que ha venido funcionando bajo la coordinación del Himat, con la secretaría técnica de la Academia nacional de ciencias. Como tarea inmediata prevé la elaboración del informe nacional que deberá establecer un inventario de las emisiones netas de gases invernadero.
Relacionada con el convenio de diversidad biológica y la convención sobre el cambio climático, la Declaración de principios para la ordenación sostenible de los bosques contiene quince principios, no vinculantes jurídicamente, sobre la administración, conservación y desarrollo sostenible de todo tipo de bosques.
La Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo
La Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo contiene veintisiete principios básicos que deberán guiar la conducta de las naciones y de las personas con relación al medio ambiente y el desarrollo, con el fin de asegurarla viabilidad futura y la integridad del planeta como un hogar vivible para los seres humanos y para las otras formas de vida!
Puesto que Colombia firmó tal documento, en el título primero del proyecto de ley para la creación del Ministerio del Medio Ambiente, se señala que el proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los principios universales de desarrollo sostenible reconocidos en dicha declaración.
En la declaración se reconoce la estrecha relación entre los modelos de desarrollo de los países industrializados, sus patrones de consumo y sus estilos de vida, y el deterioro ambiental del planeta, así como la responsabilidad diferenciada que cabe a aquellos en su solución como culpables de la mayor parte de este deterioro.
Así mismo, se reconoce que los problemas ambientales no encontrarán solución si no se erradica la pobreza, imperativo ético de la humanidad,y que no será dable si no se pone alto a la inequidad imperante entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo, así como a la que reina en los países.
El Programa 21.
En el Programa 21 se traducen en forma programática los principios consagrados en la declaración de Río. Contiene cuarenta programas, que cubren prácticamente todos los problemas críticos del medio ambiente y el desarrollo, entre los cuales mencionamos: cooperación internacional, lucha contra la pobreza, cambio de modalidades de consumo, asentamientos humanos ambientalmente viables, protección de la atmósfera, ordenamiento sostenible de las tierras, lucha contra la deforestación, lucha contra la desertificación, desarrollo sostenible de zonas de montaña, gestión de la biotecnología, protección y gestión de los océanos y de los recursos de agua dulce, gestión de los desechos sólidos, líquidos peligrosos y radiactivos, fortalecimiento de la función de diferentes grupos de la sociedad civil en el desarrollo sostenible y transferencia de tecnologías ambientalmente sanas.
El mayor obstáculo para su cumplimiento es el raquítico compromiso adquirido por los países industrializados en materia del aporte de los recursos financieros nuevos y adicionales requeridos por los países en desarrollo para su puesta en marcha.
La Comisión de desarrollo sostenible
La cumbre dejó al desarrollo sostenible como concepción orientadora fundamental para la acción nacional e internacional. Se entiende como tal el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias.
Muchos países han iniciado pasos firmes en pos del cumplimiento de tal compromiso: Canadá creó una comisión nacional de desarrollo sostenible con el fin de coordinar las acciones pertinentes; Australia acordó un plan nacional para el efecto, y la República Popular China elaboró su propio Programa 21.
Si bien el desarrollo sostenible quedó también consagrado en la nueva constitución de Colombia, aún no hemos adelantado acciones equivalentes a las mencionadas. Todo tiene su tiempo y en Colombia hemos concentrado buena parte de nuestras energías en la reorganización y fortalecimiento del sector ambiental, tomando como pautas orientadoras los acuerdos de Río.
En julio de 1993 se instaló la comisión de desarrollo sostenible, cuyo principal objetivo es coordinar todas las acciones requeridas para poner en marcha la Agenda 21 y las declaraciones de Río y de bosques.
Colombia fue elegida como uno de los países miembros de la comisión por un período de dos años. En 1993, nuestro país cumplió un papel de especial importancia en las acciones previas a la instalación de la comisión, en su calidad de presidente del Grupo de los 77.
Además, Colombia trabaja conjuntamente con Estados Unidos para presentar a la comisión recomendaciones sobre mecanismos concretos de transferencia de tecnologías ambientalmente sanas, en los campos de desechos líquidos y energía. Precisamente, y como parte de esta tarea, los dos países invitaron un representativo grupo de doce gobiernos, así como representantes de diversos organismos privados e internacionales, con el fin de discutir documentos preliminares sobre el tema, en reunión que tuvo lugar en Cartagena en octubre de 1993.
La solución bombero.
En Río y después de Río, los países industrializados no han dado una lección contundente en términos éticos de su visión del futuro. Al no darla, muchos países en desarrollo consideran, no sin razón, que sus compromisos para resolver catástrofes planetarias, como el calentamiento de la tierra y el declive de la biodiversidad, no deben ir más allá de los adquiridos por los países desarrollados.
En Río, la alianza global -global partnership y global compact- términos utilizados intensamente durante las negociaciones, en la práctica han sido derrotados, como lo muestra el fracaso de la reunión del Fondo Mundial para el Medio Ambiente -Global Environment Facility, GEF- en Cartagena, en diciembre de 1993.
Para lograr la alianza global, los países industrializados y los países en desarrollo deberían adquirir una serie de compromisos diferenciados y complementarios. Los países del norte, al reconocer que sus modelos de desarrollo y sus estilos de vida son los mayores causantes de los problemas planetarios más graves, deberían comprometerse a reformar esos modelos y sus patrones de consumo asociados, en forma tal que sean compatibles con la salud de Gala. Además, los países industrializados, al reconocer su mayor responsabilidad con respecto a los daños inflingidos al planeta, deberían adquirir un compromiso financiero que reconozca esa realidad y que debe traducirse en una transferencia de recursos nuevos y adicionales hacia los países en desarrollo.
Pero en el Programa 21, los programas dirigidos a transformar las formas de vida de los países del norte tienen un carácter fundamentalmente cosmético. Es decir, los países del norte tomaron en Río la posición de no renunciar, así fuese muy gradualmente, a sus estilos de vida, caracterizados por un olímpico despilfarro de energía. Tampoco hicieron ningún compromiso concreto sobre el aporte de recursos nuevos y adicionales. Tan sólo manifestaron buenas intenciones, que en la práctica se traducirán en un aumento, no se sabe aún que tan sustantivo, de los recursos del Global Environment Facility. De acuerdo con las previsiones US$ 2.000 millones estarán muy lejos de lo necesario, US$ 75.000 millones anuales.
